viernes, 11 de junio de 2010

¿PENSAMOS LO QUE HACEMOS?


Sigue lloviendo, o mejor dicho diluviando. Por suerte ayer jueves tocaba descanso, por lo que las dudas e incertidumbres consustanciales a esta situación quedan relegadas para el entreno de hoy. Así que ayer, aproveché la ultima hora de la tarde para ponerme al día en el correo.
Entre cartas de clientes y compañeros, estaba pendiente de lectura una misiva proviniente del colegio profesional al que pertenezco y que se refería por un lado a la comunicación de la celebración próxima de la Fiesta Colegial y por otro la comunicación de un curso de formación respecto de una especialidad profesional.
Respecto de la primera de las actividades, la Fiesta Colegial, el programa de actos que se nos comunica, contempla una misa, una acto de entrega de insignias y una cena de media gala en un céntrico hotel de la ciudad al módico precio de 50 € por comensal colegiado y 70 € por comensal no colegiado. Cena en la que, tengo conocimiento de causa, la lista de invitados por protocolo (vamos de los que no pagan) suele ser notablemente extensa, corriendo ese coste a cargo de los presupuestos colegiales (en definitiva del dinero de todos los colegiados), mientras que los comensales de pago, van descendiendo exponencialmente en cada convocatoria.
La coincidencia de las dos comunicaciones en una misma carta, me hizo reflexionar en la melancólica y lluviosa tarde, sobre la actitud que, en estos tiempos dificiles para todos, mantienen estas entidades profesionales que se dicen llamadas a defender los intereses de sus integrantes.
En mi Colegio profesional, la gran mayoría de los profesionales no pertenecen a grandes Despachos ni se dedican a áreas exclusivas y exclusivistas de desarrollo profesional, como los concurso o las quiebras.
La gran mayoría somos pequeños despachos, o despachos individuales, fundamentalmente generalistas (se abarcan todas las ramas del derecho), y cuyas carteras de clientes, están conformadas fundamentalmente por clientes individuales, autónomos y pequeñas empresas, sectores todos ellos afectados de pleno por la crisis y cuyas dificultades se trasladan en mayor o menor medida a los Abogados, con la consiguiente afectación en sus rendimientos profesionales.
Dicho lo anterior, explico el porqué de mi reflexión. Los colegios profesionales y al menos el mio, son instituciones a las que obligatoriamente has de encuadrarte para poder ejercer la profesión. Hay que abonar mensualmente tu correspondiente cuota, así como el resto de cargas colegiales de carácter obligatorio, indepedientemente de otros costes necesariamente asociados al desarrollo de la actividad (seguridad social, suscripciones, alquileres, suministros, etc.). Vamos exactamente igual que cualquier otro autónomo. Ni más ni menos.
Supuestamente, y lo digo sin eufemismos, entre las finalidades esenciales del Colegio está la de la formación de los colegiados, formación continua que siempre redundará en beneficio del profesional y en definitiva de sus clientes.
No cabe duda que un profesional preparado, siempre podrá ejercer su profesión con mayor y mejor garantía para sus clientes.
Pero lo que no se puede hacer desde la institución es pretender hacer negocio con la formación de tus colegiados y a costa exclusiva de los mismos, mediante el mecanismo simple de hacer traslación directa del coste de la actividad, para su asunción por parte del colegiado, que ya paga mensualmente las cuotas derivadas de su obligatoria colegiación.
Se opta por lo fácil, por lo menos imaginativo, por lo menos comprometido. Y esa actitud no vale.
No vale, cuando en tiempos de crisis, esa institución, lejos de asumir actitudes de austeridad, desarrollo de ideas, control y minimización del gasto corriente y extraordinario y cumplir escrupulosamente su presupuesto, opta por todo los contrario, mayor contratación de personal, incremento de servicios innecesarios, falta de racionalidad en la inversiones, creación de gabinetes de comunicación, y así una larga retahíla de actuaciones que atentan gravemente a la racionalidad, y lo que es mas grave, al sentido común y al sentir generalizado del colectivo.
Quizás, si se hubieran evitado actos lúdicos costosisimos, actividades improductivas y completamente alejadas de las reales inquietudes y preocupaciones del colegiado, quizás no se habría hecho necesario cobrar 700 euros por un curso de 36 horas, por muy cualificados que sean los docentes del mismo.
A veces estoy convencido de que la respuesta a la pregunta que encabeza este post es un NO escrito con mayúsculas.
Lo mejor de todo, hoy por la tarde, vuelvo a correr, al menos por eso no cobran.